El juez Federico Santiago Díaz dictó la pena y ordenó la destrucción del documento falso, además de exigir la regularización de la situación de la víctima. Se enviaron notificaciones al Registro Civil y otros organismos relevantes para implementar las medidas necesarias.
El caso comenzó cuando Ávila, residente de Tartagal, notó en 2012 que alguien estaba usando su número de DNI. Años después, descubrió que tenía multas de tránsito y que no podía casarse debido a la usurpación de identidad. El problema se descubrió cuando su madre, que había perdido documentos en Bolivia, no prestó atención a la situación.La investigación, dirigida por la Unidad Fiscal de Salta y el fiscal general Carlos Martín Amad, incluyó la detención del sospechoso y el allanamiento de su domicilio. Aunque el acusado se negó a declarar, la fiscalía probó que dos personas usaban el mismo número de DNI. Finalmente, Arias Canaza fue sentenciado en un juicio abreviado a tres años de prisión condicional.
