La causa bajo la lupa corresponde al legajo P-24901/2025, y la calificación legal encuadra en el delito de “entorpecimiento o turbación de actos funcionales de la autoridad” según el artículo 241 del Código Penal.
¿Quién filtró la información?
El MPA remarcó que los datos confidenciales estaban accesibles solo a organismos y personas vinculadas al proceso judicial, entre ellos:
Ministerio Público de la Acusación
Ministerio Público de la Defensa
Abogados defensores particulares
Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial
Frente a la gravedad del hecho, se inició un procedimiento preliminar a cargo de la Auditoría Interna del MPA, que hasta ahora descartó responsabilidad del personal interno en la filtración. No obstante, se dispuso citar a declarar a todas las personas que tuvieron acceso al expediente para intentar identificar a los responsables.
El trasfondo: el caso del sacerdote Luis Bruno
Según trascendió, la información divulgada estaría vinculada al polémico proceso judicial contra el sacerdote Luis Bruno, acusado de delitos sexuales. En los materiales filtrados se habrían expuesto conversaciones privadas, lo que generó fuerte malestar en las partes involucradas.
Incluso el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, presentó documentos ante la Justicia para desligarse de supuestas negociaciones con la víctima que lo habrían salpicado en la filtración.
Una bomba que sacude a la Justicia jujeña
El MPA dejó en claro que no tolerará maniobras que busquen entorpecer el normal desarrollo de los procesos judiciales. “La filtración de información sensible atenta contra la transparencia y la confianza en las instituciones”, señalaron desde el organismo.
Mientras tanto, la investigación promete traer cola y mantener en vilo no solo a la Justicia, sino también a la Iglesia y a la opinión pública jujeña.
