La decisión encendió la polémica y abrió un fuerte frente de conflicto con docentes, rectores, gremios, profesionales de la salud y gran parte de la oposición.
¿Qué se vetó?
Emergencia Pediátrica (Ley 27.796):
La norma declaraba la emergencia sanitaria para la salud pediátrica en todo el país, con el objetivo de destinar fondos a hospitales especializados como el Garrahan, garantizar insumos críticos, medicamentos, vacunas, personal esencial y mejoras salariales en el sector.
El veto se formalizó con el Decreto 651/2025, publicado en el Boletín Oficial. El Ejecutivo argumentó que la ley carece de financiamiento genuino, presenta “ambigüedades técnicas” y pone en riesgo las cuentas fiscales nacionales y provinciales.
Financiamiento Universitario:
El Congreso había aprobado una norma que fijaba un cronograma progresivo de incremento del presupuesto educativo, que debía llegar al 1,5% del PBI en 2031, además de garantizar la actualización automática de partidas según inflación, becas estudiantiles y recomposición salarial para docentes y no docentes.
El Gobierno vetó la totalidad de la ley, señalando que se trataba de un gasto “desproporcionado e inconsistente” que atenta contra la disciplina fiscal y podría generar inflación por falta de respaldo financiero.
El argumento oficial
Desde la Casa Rosada, Milei sostuvo que ambas leyes implicaban un aumento del gasto público sin recursos genuinos para respaldarlo. “No vamos a permitir que la irresponsabilidad fiscal comprometa la estabilidad económica del país”, remarcaron desde el Ejecutivo, en línea con el programa de ajuste que busca sostener el equilibrio fiscal como bandera política y económica.
Reacciones encendidas
El rechazo no tardó en llegar.
Rectores y gremios universitarios anunciaron un paro nacional y movilizaciones, advirtiendo que las universidades no pueden seguir funcionando con presupuestos congelados mientras la inflación erosiona salarios, becas y proyectos académicos.
En el sector de la salud pediátrica, médicos y familiares de pacientes expresaron “profunda preocupación” porque el veto golpea de lleno a hospitales de referencia nacional como el Garrahan, que atiende a miles de niños de todo el país.
Desde la oposición calificaron la decisión como un “golpe a la educación pública y a la salud de los más vulnerables”, acusando al Gobierno de priorizar la aritmética fiscal por encima de derechos básicos.
Lo que está en juego
Educación pública en riesgo: sin fondos adicionales, las universidades advierten por parálisis de proyectos, fuga de talentos, caída en la calidad educativa y dificultades para sostener carreras estratégicas.
Salud infantil golpeada: los hospitales pediátricos alertan sobre desabastecimiento de insumos, retrasos en tratamientos y sobrecarga en profesionales.
Tensión política: el Congreso deberá ahora tratar los vetos. Para revertirlos, se necesitan los dos tercios de ambas cámaras, un escenario complejo pero posible si la oposición logra articular mayorías.
Ajuste vs. Derechos
El Gobierno nacional insiste en que el “gasto descontrolado” es lo que alimentó la crisis económica de la Argentina y que los vetos son una medida de responsabilidad. Sin embargo, para millones de argentinos la pregunta es otra:
¿Qué pasa con un país que ajusta precisamente en educación y salud, dos pilares del futuro colectivo?
