El pedido fue presentado por su abogado, Fernando Soto, “por indicación expresa” de la propia Bullrich. En el escrito, el Ministerio de Seguridad insiste en que los audios son “jurídicamente inocuos y carentes de toda relevancia penal”, pero aun así reclama medidas extremas contra quienes los hicieron públicos.
En paralelo, el juez Patricio Maraniello prohibió su difusión en cualquier medio –incluidas redes sociales– tras la denuncia del Gobierno que habló de una “operación de inteligencia ilegal” contra la hermana del presidente.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue más allá: “No fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido para condicionar al Poder Ejecutivo”.
La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, nombres de peso en los tribunales federales.
En los pasillos del Congreso y las redacciones ya se habla de un peligroso antecedente contra la libertad de prensa, donde el Gobierno nacional no solo busca controlar el discurso, sino también amedrentar a periodistas incómodos.
La pregunta queda flotando: ¿se investiga una filtración o se intenta silenciar a la prensa bajo el disfraz de “seguridad nacional”?
