El senador nacional Luis Juez expresó su profunda indignación y exigió que el tema se aclare “de inmediato”. En declaraciones públicas, no solo apuntó contra los funcionarios implicados, sino que además cuestionó al Gobierno de Javier Milei, al considerar que la situación se podría resolver con celeridad si existiera voluntad política:
“Con una auditoría, en 10 días se resuelve”, aseguró.
El legislador cordobés fue aún más contundente al exponer la contradicción moral y social que representa este caso:
“¿No había dinero para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí para la cometa?”, lanzó, en referencia a las coimas que se habrían exigido a cambio de aprobar certificaciones y prestaciones vinculadas a personas con discapacidad.
El escándalo genera un fuerte malestar en las familias que dependen de estas prestaciones para garantizar derechos básicos, como el acceso a tratamientos y acompañamiento terapéutico.
Mientras tanto, crece la presión política y social para que se investigue a fondo y se determinen responsabilidades. Desde distintos sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la discapacidad se exige transparencia y urgencia en las auditorías sobre los fondos y procedimientos de la ANDIS.
El caso promete seguir generando repercusiones y podría transformarse en un nuevo frente de conflicto para la gestión nacional, en un área especialmente sensible como es la discapacidad.
