El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que se evalúan aumentos en prestaciones para personas con discapacidad, financiados —según explicó— con los “ahorros” de la auditoría sobre pensiones mal otorgadas. Sin embargo, fuentes oficiales reconocen que la medida podría no aplicarse si la ley avanza en el Congreso.
En paralelo, el Gobierno prepara una estrategia judicial:
Alegar que el Congreso impuso una norma sin fuentes de financiamiento claras.
O cuestionar la legalidad de la sesión del Senado que convalide la ley.
Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal sería de entre 0,25% y 0,45% del PBI, lo que explica la resistencia oficial a implementarla.
Milei ya había advertido: “Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero”.
