Aunque el despliegue de militares aún no comenzó, la presencia de Gendarmería y la colaboración con la Policía boliviana ya generan un fuerte impacto en la vida de los vecinos fronterizos.
En Salvador Mazza y Los Toldos, las comunidades expresan preocupación por las consecuencias sociales y económicas de estas medidas. Los controles impiden el paso habitual de productos básicos desde Bolivia, donde los precios son hasta un 50% más bajos. “Esto va a perjudicar mucho a la gente de la frontera, que vive del comercio informal”, señalaron concejales locales.
Desde el 6 de mayo, Gendarmería amplió su presencia en la zona urbana cercana al puente internacional, dificultando el tránsito por al menos 70 pasos informales utilizados por lugareños para cruzar caminando.
Los concejales Raúl Soruco y Sergio Caballero coincidieron en que el plan pone en riesgo el sustento de miles de familias que dependen del “bagayeo” y el comercio informal. «La frontera se manejó siempre así, con intercambio. Hoy, la gente no tiene a dónde recurrir», advirtieron.
Organismos de derechos humanos siguen el tema de cerca, alertando sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, algo que históricamente ha sido cuestionado por su impacto sobre los derechos civiles.
