A pesar de que las autoridades educativas estaban al tanto de su delicada situación de salud, decidieron despedirla, dejándola en la calle justo en el momento más crítico de su vida. Entre los responsables señalados se encuentran la Ministra de Educación y la Jefa Administrativa de Región IV, Gilda Cortez, quienes habrían avalado la decisión.
Carla padece cáncer de mama HER2 positivo con metástasis en hueso, pulmón y músculo. Su tratamiento es costoso y desgastante: debe viajar permanentemente desde San Pedro hasta San Salvador de Jujuy (más de 120 km ida y vuelta), afrontar gastos que la obra social apenas cubre al 50% y, en algunos casos, hasta trasladarse a Córdoba para realizar estudios de alta complejidad como un PET.
“Me dejaron desprotegida en el momento más vulnerable de mi vida. Hoy estoy al límite, hasta el punto de tener que vender mi casa para seguir controlando mi enfermedad. Que todo el mundo sepa lo que pasa”, denunció con dolor la docente.
La situación no solo desnuda la crueldad burocrática, sino también la indiferencia del Estado hacia pacientes oncológicos. Mientras en el discurso oficial se habla de inclusión y derechos, en la práctica se empuja a una trabajadora enferma al abismo de la precariedad.
Carla anunció que recurrirá a los organismos correspondientes para denunciar lo que califica como violencia institucional, exigiendo protección y respeto hacia quienes atraviesan enfermedades de alta complejidad.
Este caso pone en evidencia un vacío legal y una falta de sensibilidad política que clama por respuestas inmediatas:
- ¿Cómo es posible que en pleno 2025 una paciente con cáncer pueda ser despedida sin contemplaciones?
- ¿Por qué el Estado no garantiza estabilidad laboral y cobertura total a quienes luchan por su vida?
La consigna que hoy retumba en Jujuy es clara: #CáncerNoEsDespido.
