El reclamo se enmarca en la revocación del beneficio previsional que se había otorgado a Boudou, decisión que fue tomada por el Gobierno nacional en noviembre de 2024, tras la confirmación judicial de su condena por corrupción en la causa Ciccone, que lo inhabilita para percibir dicho haber especial.
Desde el Ejecutivo señalaron que el monto reclamado podría aumentar en caso de aplicarse actualizaciones o intereses, dado que corresponde a pagos efectuados a lo largo de varios años.
Esta acción se inscribe en una política de revisión de los beneficios jubilatorios especiales para exfuncionarios condenados por delitos contra la administración pública, con el objetivo de “resguardar los recursos del Estado y garantizar principios de equidad y legalidad”, según destacaron desde la cartera dirigida por Sandra Pettovello.
Contexto legal
Amado Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la compra irregular de la ex-Ciccone Calcográfica. La condena fue ratificada por la Corte Suprema en 2021.
A pesar de ello, el exfuncionario continuó percibiendo su jubilación de privilegio, hasta que el Gobierno actual revisó la situación a fines del año pasado y decidió dar de baja el beneficio, ahora reclamando judicialmente su restitución.
Impacto político y social
El caso vuelve a abrir el debate sobre las jubilaciones de privilegio y la necesidad de avanzar en reformas que impidan que personas condenadas por corrupción sigan accediendo a beneficios financiados por toda la sociedad.
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