Este nuevo esquema —que podrá ser adoptado por medio de convenios colectivos entre empleadores y sindicatos— reemplaza el pago de indemnización por un fondo de cobertura que las empresas pueden constituir de forma individual o colectiva. Según lo dispuesto, los empleadores podrán contratar sistemas privados para costear los despidos o finiquitos laborales, desligándose del régimen de pago tradicional por antigüedad.
La novedad más resonante es que estas compensaciones laborales podrán cotizar en el mercado financiero, a través de productos creados por la Comisión Nacional de Valores bajo la figura de “Inversiones Colectivas de Cese Laboral”.
El objetivo del Ejecutivo es claro: flexibilizar el mercado de trabajo, promover la formalización laboral y atraer inversiones. No obstante, especialistas del derecho laboral y representantes de trabajadores advierten que este nuevo modelo podría traducirse en una pérdida de derechos adquiridos y aumentar la precarización.
Uno de los cambios más controvertidos es que, si un trabajador despedido es recontratado y luego vuelve a ser despedido, el empleador deberá actualizar y pagar la indemnización anterior junto con la nueva, algo que hasta ahora no estaba contemplado.
El contexto actual del país, marcado por la crisis económica y altos índices de informalidad, pone en tensión la implementación de estas medidas. Desde distintos sectores gremiales y políticos se denuncia que el Gobierno busca eliminar, por etapas, el sistema que protege al trabajador frente a despidos arbitrarios, transformando la indemnización en un mecanismo financiero más.
Una reforma que abre debate
Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una modernización necesaria, críticos advierten que la reforma es regresiva y puede abrir la puerta a nuevas formas de explotación laboral, debilitando la posición de los trabajadores ante los empleadores.
En paralelo, la Comisión Nacional de Valores ya trabaja en la creación de instrumentos financieros que podrían utilizarse para administrar este nuevo sistema de desvinculaciones. La propuesta ha generado fuerte rechazo en sectores sindicales, que ven con preocupación cómo se traslada un derecho laboral básico al terreno de la especulación del mercado de capitales.
Lo que está claro es que la reforma ya está en marcha y tendrá un impacto concreto en millones de trabajadores argentinos. La sociedad civil, los gremios, las cámaras empresariales y el Congreso Nacional tendrán un rol clave en el debate que se avecina sobre el futuro del trabajo y los derechos laborales en la Argentina. Por Redacción Portal del Norte Jujuy
