En una decisión que podría tener impacto directo en las zonas fronterizas como la nuestra, el Gobierno de Bolivia aprobó un nuevo reglamento que endurece las sanciones contra el contrabando de alimentos. La normativa, que reglamenta la Ley 100 de Seguridad con Soberanía Alimentaria, establece penas de hasta 14 años de prisión para quienes sean encontrados culpables de sacar productos alimenticios de forma ilegal fuera del país.
El foco está puesto especialmente en alimentos que reciben subsidios del Estado boliviano —como arroz, azúcar, aceite, carnes, huevos y verduras— que, según el Gobierno, están saliendo por las fronteras hacia Argentina, Brasil, Chile y Perú, desabasteciendo los mercados locales y presionando sobre los precios.
El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, fue claro: “Los alimentos producidos con esfuerzo por nuestras hermanas y hermanos campesinos no pueden terminar alimentando mercados extranjeros a través del contrabando.”
Certificados y controles fronterizos
Para frenar este fenómeno, la nueva reglamentación también incluye la creación de un certificado de abastecimiento para zonas fronterizas. Este documento será obligatorio para trasladar productos en grandes cantidades, y su objetivo es garantizar que los residentes de áreas como Desaguadero (límite con Perú) no se queden sin alimentos esenciales.
Los controles estarán a cargo del Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad, que definirá una lista de productos críticos sujetos a supervisión. También se abrirán oficinas del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en municipios clave.
En nuestra región, esta medida podría impactar sobre el movimiento informal de alimentos bolivianos hacia Jujuy, que en tiempos de inflación y crisis, resulta una vía frecuente de abaratamiento para comerciantes y familias.
¿Exportación legal? No se toca
Desde el Ejecutivo boliviano aclararon que la exportación formal, con Declaración de Mercancías de Exportación (DEX), no será afectada. Tampoco se penalizará a pequeños productores o familias que trasladan alimentos para consumo propio.
Contrabando a la inversa: el problema de fondo
En los últimos meses, el fenómeno del contrabando a la inversa —la salida ilegal de alimentos desde Bolivia hacia países donde se venden a precios más altos— se agravó, debido a la presión inflacionaria y la brecha de precios regional. El Gobierno de Luis Arce sostiene que esta práctica ha sido uno de los factores detrás del desabastecimiento interno y el aumento del costo de la canasta básica.
Con esta nueva normativa, el mensaje es claro: Bolivia cierra filas contra el contrabando y busca blindar sus fronteras alimentarias. Resta saber qué impacto tendrá esto en el comercio y el abastecimiento informal en las ciudades y pueblos que limitan con el país vecino.
