El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, jefe de todos los abogados del Estado, dictaminó que el Gobierno no está obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública a brindar datos sobre los perros de Javier Milei que viven en la Quinta de Olivos. Sostuvo que deben rechazarse las consultas sobre el tema -que consideró “banales”- y dijo que los caniles construidos en la residencia los pagó el Presidente de su bolsillo.
Sus perros -a quien Milei llama sus «hijos de cuatro patas»- fueron siempre un tema especialmente sensible para el Presidente. Y es un asunto que genera interés incluso fuera de la Argentina. En mayo, un informe de CNN Español contó cómo fue el proceso de clonación por el que Milei pagó US$50.000 para replicar genéticamente a su difunto perro Conan y que, como resultado, obtuvo cinco ejemplares de mastín inglés.La situación y los gastos que generan los perros motivaron además diversos pedidos de acceso a la información pública. El martes pasado, Barra respondió a una consulta de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, que le pidió a Barra que analizara el encuadre jurídico de dichos pedidos para saber si debían o no ser contestados.Barra fue categórico. En primer término, destacó que, según la información que recibió, los gastos que generaron los perros del Presidente no corrieron por cuenta del Tesoro Nacional, pero además afirmó que la información solicitada es un aspecto de la vida privada del Presidente y no afecta al interés público.Pero Barra fue todavía más allá. “La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”.
