
Según supo Clarín, la joven de 23 años desistió de asumir el trabajo que se le había encomendado, en medio de la polémica por su falta de experiencia en la materia, corta edad y breve recorrido universitario.
El escándalo se había desatado hace diez días cuando trascendió la noticia de que el gobierno de Javier Milei había nombrado desde el 15 de enero a una militante libertaria sin diplomas ni experiencia en la materia como directora de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación, un cargo dependiente de la Dirección General de Planeamiento y Logística Documental dentro del Renaper, organismo bajo la órbita del Ministerio del Interior. Por su trabajo embolsaría mensualmente un sueldo bruto de 2,7 millones de pesos.

Ahora, fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Clarín que la joven dio un paso al costado. “Ella no estaba designada y desistió del cargo”, indicaron, aunque evitaron referirse a los motivos que la llevó a tomar esa decisión y que su nombramiento había sido «provisorio».